Tras el escándalo de los Panamá Papers (un escándalo organizado por países europeos y quizá USA contra las empresas con intereses en paraísos fiscales), la Comisión Europea ha puesto en marcha una directiva para que multinacionales como Google o Apple, revelen sus posibles cuentas en esos escenarios ya que los documentos en la escribanía Mossack Fonseca no los afectó.
La Comisión Europea ha puesto en marcha una directiva que obligará a las multinacionales a publicar cuántos impuestos pagan en la Unión Europea, en los paraísos fiscales y en el resto del mundo.
Esta directiva afectará a las grandes compañías tecnológicas como Google, Amazon, Facebook y Apple, conocidas por su ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. En concreto, los impuestos que estas compañías declaran en los países europeos en los que operan son muy inferiores a su negocio real, que se factura desde países como Irlanda o Luxemburgo, donde se benefician de una fiscalidad más favorable.
Pierre Moscovici, comisario europeo, declaró que "Google, Amazon, Facebook o Apple tendrán que cumplir con la regla y pagar impuestos como todo el mundo".
Todavía queda un problema pendiente: establecer una lista negra con los paraísos fiscales.
Desesperada por recaudar más impuestos, la Comisión Europea quiere que las grandes multinacionales publiquen anualmente cuántos impuestos pagan, para así poner coto a la ingeniería fiscal de las empresas. Según un estudio del Parlamento Europeo citado por la Comisión, la elusión fiscal le está quitando al Fisco la posibilidad de embolsar en forma adicional entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales.
Jonathan Hill, comisario de Servicios Financieros, ha presentado su plan de enmienda de la Directiva Contable de 2013. Si esta recibe el visto bueno del Parlamento Europeo y de una mayoría cualificada de los 28 Estados Miembros, las multinacionales que con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros y que operen de algún modo en la UE, deberán desglosar públicamente los siguientes datos:
> La naturaleza de su actividad.
> Número de empleados.
> Ingresos (incluidos los provenientes de otras filiales del grupo).
> Beneficio antes de impuestos.
> Impuestos sobre los beneficios que deberían pagarse en el país ese año.
> Los impuestos efectivamente abonados.
> Las ganancias acumuladas.
Según los cálculos de la Comisión, el umbral de los 750 millones en ingresos dejaría fuera al 85% de las multinacionales, pero cubriría el 90% de los beneficios corporativos europeos. Los datos deberán publicarse en un informe específico que tendrá que enviarse a un registro mercantil y estar accesible durante al menos 5 años en la web de la compañía.
La normativa obligaría a publicar toda esta información por cada país de la UE en el que la empresa opere y por cada país incluido en una eventual lista europea de paraísos fiscales. A ello se añadiría un dato agregado para el resto del mundo.
Este último punto ha generado alguna discusión, ya que una de las posibilidades que estudiaba la Comisión era obligar a las empresas a desvelar cuánto abonaban en cada país del mundo, independientemente de si se trata de un país europeo o de una 'jurisdicción fiscal no cooperativa'. Algunas empresas y gobiernos argumentaban que esto podría acabar revelando información confidencial de la compañía o perjudicando la competitividad de la UE y su capacidad de atraer inversiones. Finalmente, Hill tuvo que conformarse con exigir la cifra agregada.
Aunque se trata de una coincidencia con la difusión de los Panamá Papers, la Comisión Europea lleva meses trabajando en la propuesta que se esperaba para mediados de abril. Pero el Ejecutivo comunitario está tratando de aprovechar el revuelo político y mediático generado por la investigación de los Panamá Papers para presionar sobre la base de que, de aplicarse su oferta, la operativa en ese tipo de jurisdicciones fiscales será más transparente.
La propuesta de hoy complementa otra presentada por la Comisión a finales de enero: el intercambio automático de información fiscal entre las autoridades tributarias de los Estados Miembros. Pero esa medida, que ya ha recibido el visto bueno unánime de los Gobiernos de los 28 Estados, no obligaba a hacer pública esa información. La de hoy, sí.