Sucede que es un escándalo, en especial porque el Tribunal Supremo español falló 2 veces en escasos 15 días, y en forma bien diferente una de la otra. La credibilidad de la cabeza del Poder Judicial quedó en los sótanos de la monarquía constitucional. Ahora es enorme la crisis dentro del propio Tribunal Supremo español.
Unos se echan la culpa a otros. Además, se prepara una instancia ante el Tribunal Constitucional, y otros ya piensan en llevar el caso al Tribunal europeo, en Luxemburgo.
Ocurrió que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado que sean los clientes quienes asuman el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados -IAJD, impuesto sobre hipotecas-. De este modo el alto tribunal corrige un flamante fallo del propio tribunal que había innovado en la doctrina, y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
"Lo único bueno del Pleno es que ya ha acabado", dijo con aire socarrón un magistrado de la Sala 3ra. (de lo Contencioso-Administrativo).
"Cambiar de jurisprudencia 2 veces en 15 días deja una sensación muy mala. Esto es tremendo", reconoció otro miembro de la Sala, quien reconoció no haber vivido una crisis así en el pasado.
Todos apuntan a la gestión del presidente de la Sala 3ra., Luis Díez-Picazo, en particular por su convocatoria del Pleno.
Pero algunos magistrados también dicen: "Parece que si votas a favor del banco eres un canalla y si votas a favor al consumidor, no. Eso es muy populista. ¿Entonces para qué estamos nosotros?".
En la Sala 3ra. dicen que la mayoría respaldó"una jurisprudencia consolidada de 30 años", y que la culpa de todo lo tiene la Sala 2da. (de lo Penal), que"sin motivo suficiente" cambió ese criterio.
Lo cierto es que fue el presidente del Supremo, Carlos Lesmes Serrano, quien reclamó que se aclarara la sentencia, y así se desembocó en la convocatoria al Pleno.
El Ejecutivo, en tanto, decidió cortar por lo sano, y de paso ganar popularidad.
En Madrid, el Consejo de Ministros aprobará hoy (jueves 08/11) el real decreto para asegurar que sean los bancos los que asuman el IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que grava a las hipotecas). La aprobación del real decreto sobre las hipotecas fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo que eximía a los bancos del pago de ese impuesto, que deja la carga sobre los deudores y que provocó olas de indignación colectiva.
Del lado opositor, el portavoz del ascendente partido Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha confirmado el apoyo de su partido a la convalidación del decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno para que los bancos asuman el impuesto que grava la firma de hipotecas.
Girauta subrayó que fue su partido el que pidió "antes que nadie" que la reforma de la ley hipotecaria definiera "un reparto claro de los gastos" con el criterio de que ese impuesto "debe recaer sobre la banca", por lo que es"evidente" que el decreto del Gobierno recibirá su apoyo.
Girauta cuestionó la"credibilidad" del PP (Partido Popular, el ex oficialismo) para, "en el momento más oportunista posible", afirmar que aboga por eliminar ese impuesto.
En cuanto al socialista Sánchez, él explicó que no se trata de eliminar el impuesto, sino que la intención es que el IAJD lo pague el sector bancario a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tal norma, que afectará al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, seguirá un cauce independiente respecto de la nueva Ley Hipotecaria, redactada conforme a la directiva europea durante el mandato del PP y que será tramitada por el Ejecutivo socialista tras casi 2 años de retraso.
El Gobierno tiene prisa por sacar adelante esta nueva norma debido a la amenaza de Europa de multar a España por el retraso que lleva.
El Congreso va a aprovechar la tramitación de la nueva Ley Hipotecaria para revisar todos los gastos aparejados a la firma de la hipoteca: desde la tasación de la vivienda hasta la inscripción en el registro, pasando por la emisión de copias simples y los honorarios que se pagan al notario.
“Hasta ahora, todo lo pagaba la persona que solicitaba el crédito hipotecario y con la nueva ley se pretende que esos gastos se repartan con las entidades financieras”, dijeron a medios españoles funcionarios involucrados en la redacción.
Sin embargo, desde el diario El Mundo se disparó contra el oficialismo gobernante, denunciando cierta hipocresía:
"La contundente retórica desplegada por el PSOE y Unidos Podemos para cargar contra el Tribunal Supremo -por rectificar su primer fallo y endosar después el pago del impuesto de las hipotecas al cliente y no a las entidades bancarias- se ha visto comprometida por la hemeroteca, que ha dejado al descubierto que ambos partidos respaldaron durante los años de la crisis económica subir este impuesto cuando no había dudas de que éste repercutía directamente en el ciudadano y no en los bancos. Es más, Podemos, uno de los actores políticos que más aspavientos está haciendo con este tema para deslegitimar la decisión del Poder Judicial, llevó precisamente la subida del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que es un gravamen cedido a las comunidades autónomas, entre las promesas de su programa para las elecciones autonómicas de 2015. (...)".
Lo cierto es que las hipotecas siguen siendo un negocio para la banca, pero no tanto como hace unos años, a causa del desplome de ese negocio. De acuerdo al más reciente boletín de la Asociación Hipotecaria Española, el 'saldo vivo' del crédito hipotecario, que es el volumen de dinero prestado por el que se pagan intereses, se redujo en más de 220.000 millones de euros entre 2012 y mediados de 2017, periodo en el que pasó de 876.660 millones a 654.914 millones. Y el crédito concedido a empresas y familias, principalmente, se desplomó en 194.328 millones, un 60% por el derrumbe de las hipotecas.
Los bancos
La banca española se preparó para defenderse de la avalancha de recursos que podría recibir por la sentencia del Supremo sobre las hipotecas.
Las patronales del sector -AEB, en el caso de la banca, y Ceca en el caso de las cajas- pidieron un informe al estudio jurídico Cuatrecasas con el que cubrirse de potenciales reclamos, según fuentes financieras consultadas por la web Vozpópuli.
Cuatrecasas es un despacho de abogados hispano-portugués, que tiene más de 200 socios, y con historia: fue fundado en 1917 en Barcelona. En 2008 fue rebautizado Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (tras un acuerdo de integración con el despacho portugués Gonçalves Pereira, Castelo Branco). Pero en 2017 recuperó su nombre inicial de Cuatrecasas. Su presidente es Rafael Fontana.
El encargo se hizo en plena tormenta bursátil, tras la 1ra. sentencia del Supremo, el 18/10, que decía que los bancos debían hacerse cargo del impuesto de las hipotecas (el IAJD o Impuesto de Actos Jurídicos Documentados).
Antes que el Supremo reculara en una polémica decisión, las entidades se enfocaron en oponerse al pago del impuesto de forma retroactiva, ya que se habían limitado a cumplir un reglamento durante más de 2 décadas.
Por las dudas, AEB y Ceca decidieron solicitar el análisis a Cuatrecasas para saber hasta qué punto podían estar tranquilos de que los clientes y, sobre todo, las Comunidades Autónomas les reclamaran miles de millones por el IAJD, que grava los actos jurídicos documentados en España).
Un escenario posible era que el Supremo fallara que el impuesto fue mal cobrado al cliente, y que había que devolver lo cobrado en los últimos 4 años. En tal caso, le hubiera tocado a las Comunidades devolverlo, y éstas hubieran reclamado a la banca.
En ese caso, las entidades decidieron aferrarse al principio de confianza legítima con la Administración, tal y como subraya el informe de Cuatrecasas.
A pesar de que se ha descartado a priori este escenario, el asunto llegará sí o sí al Tribunal Constitucional, tal y como han anunciado que harán los que llevaron el caso al Tribunal Supremo: la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas Vaciamadrid. La banca no tiene voz en este caso, ya que la reclamación es entre el Estado y la empresa.
Pero sí la tendrá en los recursos que lleguen a Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde asociaciones como Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros) han comunicado que presentarán una ofensiva legal contra la decisión del Supremo.
Fragmento de una noticia que publicó la web El Confidencial:
"La indignación por la actuación de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y el desenlace del caso de las hipotecas llenó a partir del martes (06/11) por la noche los chats de WhastApp de los jueces.
"Suprema vergüenza", "a ver quién es el guapo que defiende esto", "patético es poco", "menudo escándalo"... En mensajes cruzados en un desahogo privado, los grupos de magistrados y magistradas de toda España estallaron en críticas por la gestión de la crisis y el modo en el que se resolvió. Los comentarios no tienen desperdicio y muestran a las claras el hartazgo de los jueces de a pie, los que trabajan a diario en los juzgados, frente a actuaciones que minan la imagen de independencia de la carrera. Consternación y tristeza, pero también rabia e impotencia, que siguieron durante toda la jornada posterior al volantazo que salvó a la banca.
La reacción se alejó absolutamente del corporativismo que ha sido la seña común en otras crisis. "La apariencia de independencia del poder judicial ha quedado muy tocada. Y eso no ha sido culpa de otros esta vez", indica uno de estos mensajes que circulan de móvil en móvil en las últimas horas. La sensación común es la desolación ante una actuación que se tacha de "indefendible" y la nula intención de pelear ante la opinión pública para acudir al rescate de los principales responsables del vuelco inaudito del Supremo, como el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo.
"A aguantar escraches por culpa de Picazo mientras yo continúo sin ordenador", "harta de aquellos que se cargan lo que hemos construido en meses", "qué torpeza y qué asco", dicen en estas reacciones, muchas de ellas en caliente y escritas poco después de conocerse el desenlace final que dio un portazo, por 15 contra 13 votos, a tres resoluciones firmes que beneficiaban al cliente frente a los bancos. (...)".