El proyecto de Presupuesto para el próximo año que el Gobierno acaba de enviar al Congreso incluye, entre otras tantas, una modificación vinculada a la deuda pública y que abre -interpretan- la puerta a una eventual reestructuración de la misma por parte de la administración de Mauricio Macri.
La alteración consta en el Artículo 53 (Capítulo VII-De las operaciones de Crédito Público) del texto que modifica el Artículo 65 de la Ley 24.156, sobre administración financiera y sancionada en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem. El artículo modificado establecía que el Poder Ejecutivo"podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública" en tanto que"ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales".
Ahora, esas condiciones se redujeron a las "imperantes en el mercado".
Según escribió Julián Guarino este miércoles en el diario Ámbito Financiero, si se aprueba, el artículo "muy probablemente va a habilitar al Gobierno a flexibilizar las condiciones que debe cumplir para poder llevar a cabo una reestructuración de la deuda".
Tras el acuerdo con los holdouts, el gobierno de Mauricio Macri encontró mejores condiciones en el mercado y utilizó la toma de deuda como instrumento para financiar el abultado déficit fiscal.
De acuerdo a un informe de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET), la Argentina emitió US$143.800 millones de deuda de los cuales el 80% - unos US$103.328 millones- corresponde a colocación por parte del Gobierno Nacional, sin incluir lo acordado con el FMI, hoy en revisión.
Guarino llama a la deuda "el talón de Aquiles de la economía argentina"y estima que en 2018 la relación con el PBI supere el 111%.
En ese marco, la bomba puede ser desactivada con un default (que dejaría al país sin acceso a los mercados, como ocurrió durante el kirchnerismo y marcaría otro gran fracaso de la gestión Macri), o con una reestructuración, que podría implicar la renegociación de vencimientos o un canje por títulos con menor valor nominal (quita).
Según le dijo Stiglitz a la BBC, el 1er paso sería llevar adelante "un nuevo reperfilamiento" lo que significa "aplazar los pagos inmediatos". "Pero sospecho, dada la magnitud de los errores económicos que se han cometido en los últimos años, que tendría que haber una quita en la deuda", concluyó.
Una fuente "del Gobierno" citada por Ámbito Financiero, no confirmó si se avanzará en alguno de estos sentidos, y justificó la modificación en una actualización de los instrumentos.
Según dijo , en comparación con los países de la región "nos quedamos atrasados por que la norma actual nos pone restricciones que no tienen sentido para el manejo del portafolio de deuda". En ese sentido, agregó que "una ley mal escrita te deja espacio para interpretaciones erradas que te congelan la toma de decisiones" y advirtió que "tenemos que pasar a una etapa de optimizar nuestro portafolio de deuda a medida que baje la inflación y se desarrolle el mercado en pesos. Así como está la ley no tenemos ninguna chance de hacerlo".
El cambio no estaría exento de polémica, ya que el artículo periodístico advierte que "para algunos especialistas, podría rozar lo inconstitucional o ir en contra de jurisprudencia".