En Madrid, la portavoz del Gobierno en el Congreso, Isabel Celaá, quien también es ministra de Educación, ha señalado en rueda de prensa que se avanzó en los 2 tributos "sobre los que los países miembros de la UE llevan tiempo negociando" y que, a falta de alcanzar un acuerdo definitivo a nivel comunitario, ya han sido puestos en marcha en algunos países por su cuenta.
De hecho, el anterior Gobierno del Partido Popular, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ya tenía en su agenda crear estos 2 nuevos gravámenes.
La intención del Ejecutivo es imponerlos este año, aunque para entrar en vigor requieren ser aprobados de forma independiente a los Presupuestos Generales del Estado 2019, cuyo proyecto ya se encuentra en tramitación parlamentaria.
Tasa Google
En el caso del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como 'tasa Google', Celaá ha explicado que tendrá una liquidación trimestral y se prevé recaudar 1.200 millones de euros, con una alícuota del 3%, coincidiendo con la propuesta de la Unión Europea.
La ministra Celaá ha asegurado que la 'tasa Google' no afectará "a Zara o El Corte Inglés" porque va dirigido, exclusivamente, a plataformas digitales que "no generan producto" y que funcionan como intermediarios en el comercio.
Este impuesto no recaerá sobre las empresas tradicionales que se relacionen con sus clientes a través de un canal digital. Así ella respondió las dudas que han girado en torno a esta tasa después de que compañías como Telefónica, el Grupo Prisa o los gigantes de la distribución expresaran su temor a que puedan verse afectados, bien de forma directa o a través de las organizaciones sectoriales de las que forman parte.
Ella ha explicado que hará frente a la "competencia desleal" ante plataformas que trabajan de forma "privilegiada" y ha subrayado que afecta a empresas con una cifra de negocio de más de 750 millones de euros a nivel mundial y que superern los 3 millones de euros en España.
Celaá hizo hincapié en que "se limita a gravar los servicios de publicidad dirigida online, de intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario".
"Estamos actuando sobre empresas que gozaban de una ventaja competitiva y que operaban en una situación de competencia desleal", ha explicado Celaá. "Se trata de que las empresas tributen allí donde están generando beneficios", ha dicho.
Tasa Tobin
En el caso del impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin), la intención del Gobierno es gravar con 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero con el fin de proporcionar "equidad".
Según Celaá, sigue el modelo francés y, en concreto, se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, mientras que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
"No hablamos de pequeñas operaciones", ha asegurado Celaá, que ha indicado que el impacto recaudatorio esperado de 850 millones de euros se destinará a las pensiones y a los sistemas de protección de la Seguridad Social.
En octubre, cuando el Consejo de Ministros comenzó a trabajar en este proyecto normativo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó que este impuesto no se aplicaría a la salida a bolsa de las empresas, sino a los intermediarios financieros que operan en el mercado secundario.
Y que quedarían exenta la deuda, tanto la pública como la privada, y los productos derivados.