La Comisión Europa ha constatado la falta de medidas efectivas en España y Portugal para corregir el déficit, el primer paso para un proceso sancionador que puede acabar con una multa a España de hasta el 0,2% del PIB, unos 2.000 millones. Sin embargo, no está tan claro que la multa finalmente se vaya a producir. Tras la decisión de Bruselas, el Ecofin (los ministros de Economía y Finanzas de la UE) tendrá que constatar también esta falta de medidas efectivas y pedir a la Comisión que fije una sanción.
Si el Consejo hace el mismo dictámen que la Comisión y pide sanciones, Bruselas dispondrá de un plazo de 20 días para definir la multa, que podría llegar a 2.000 millones (el 0,2% del PIB español) o quedarse en algo puramente simbólico, sin sanción económica. El Gobierno español, por su parte, tendrá diez días para justificar la falta de medidas y explicar los motivos por los que España no merece ser multada.
"Ahora le toca al Consejo", han señalado en varias ocasiones tanto el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable del Euro, Valdis Dombrovskis, como el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa en Bruselas, en la que han insistido con mucho interés en que la decisión que han tomado hace referencia a lo ocurrido en 2015 y no a la multa que se pueda fijar más adelante.
Y aunque el Consejo de ministros de Finanzas constate la falta de medidas efectivas y pida a la Comisión que proponga una sanción, la multa puede acabar canclándose si la situación económica lo requiere. Según Moscovici, la propia Comisión tiene la posibilidad de hacer esta recomendación al Consejo en "circunstancias económicas excepcionales" o si lo piden todos los estados miembros. "No queremos castigar en absoluto, somos conscientes de la situación económica", ha dicho.
Tan pronto como los ministros de Economía de la UE (Ecofin) confirmen la acusación de Bruselas, la CE dispondrá de 20 días para fijar la sanción, un plazo que podría empezar a correr a partir del próximo martes. En ese caso, España dispone de 10 días para presentar alegaciones. Y si no logra convencer a la CE, la multa se materializará a finales de este mes.
Más irremisible aún es la congelación de los compromisos de pago de los fondos estructurales, que se ejecutará a partir del 1 de enero. La única posibilidad de evitarlo es que el Gobierno presente en los próximos meses una nueva batería de recortes o de subidas de impuestos para cuadrar las cuentas. La misma amenaza pesa sobre Portugal, que también ha sido acusada hoy de incumplir deliberadamente el objetivo del año pasado.
“España y Portugal han recorrido un largo camino desde el comienzo de la crisis, gracias a ajustes presupuestarios y grandes reformas, pero últimamente se han desviado de la corrección del déficit y no han cumplido sus objetivos”, acusa el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis.
En el caso de España, la CE considera un agravante la buena marcha de la economía. Y culpa al Gobierno de Mariano Rajoy de no haber aprovechado un crecimiento mayor de lo esperado para rebajar el déficit, que cerró el año pasado en 5,1%.
“El esfuerzo fiscal se ha quedado considerablemente por debajo del esfuerzo exigido en la Recomendación [de 2013] y la posición fiscal incluso se ha relajado en 2015”, señala el dictamen aprobado por la CE. Bruselas tampoco valora positivamente la ligera caída de la deuda pública en 2015 (del 99,3% a 99,2%) que atribuye a un mero ingreso circunstancia por la venta de ciertos activos. Bruselas se muestra convencida de que en 2016 volverá aumentar y terminará por encima del 100%.
El documento pasa por alto que la CE erró en todas las previsiones que utilizó para la Recomendación de hace tres años. La recesión en 2013 fue mayor de lo previsto y aun así España acometió ajustes. Bruselas preveía inflación positiva en 2014 y el país sufrió una deflación. Y la recuperación dobló las previsiones de la CE para 2015 y la creación de empleo fue mucho mejor de lo esperado. Paradójicamente, Bruselas utiliza ese último dato positivo en contra de España, por no aprovechar el crecimiento para acometer nuevos ajustes.
En el caso de Francia, en el que Bruselas evitó las multas, la CE computó a favor de París tanto la brutal caída de la inflación, que fue mucho menor que el de España, como la mala evolución de su crecimiento.
Por su parte, Dombrovskis ha dicho que si llega el momento de analizar una posible sanción habrá que tener en cuenta que todos los países se encuentran en la fase posterior a una crisis severa, así como todos los esfuerzos que se han hecho para superar el ajuste. "Nosotros apreciamos mucho los esfuerzos de Portugal y España. Tenemos que aplicar el Pacto de Estabilidad de forma inteligente", ha señalado.
La insistencia de Dombrovskis y Moscovici hace pensar en que la sanción puede quedar en nada. En cualquier caso, aprobar la recomendación sobre la falta de medidas efectivas era un paso necesario para fijar nuevos objetivos de déficit ante la dificultad que tendrán ambos países para cumplir lo pactado. Eso sí, la posible anulación de la multa y ampliación de los plazos para salir del procedimiento de déficit excesivo no será gratis: España y Portugal tendrán que tomar nuevas medidas de ajuste.
Ni Dombrovskis ni Moscovici han querido precisar estas medidas y se han limitado a decir que se discutirán en los próximos meses. El comisario de Asuntos Económicos solo ha explicado que habrá que ajustar las recomendaciones que ya se hicieron en mayo con la información más recientey formalizarlas después en una fase posterior. "Será después de las vacaciones", ha señalado.
Esta petición no va a pillar por sorpresa al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que el pasado mes de mayo envió una carta al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para pedirle que tuviera en cuenta la situación política en España y que intentara evitar la sanción por incumplir las metas fiscales, ofreciendo a cambio un esfuerzo adicional.