Este jueves 11/02, el juez Thomas Griesa ordenó a los acreedores que demandaron a Argentina por el incumplimiento de bonos argumentar por qué una orden que restringe el pago del servicio de deuda reestructurada no debe ser levantada, luego de que el país hizo una oferta por US$ 6.500 millones para solucionar la disputa.
Griesa dio a los tenedores de bonos hasta el 18/02 para justificar por qué la medida cautelar no debe ser levantada si Argentina deroga dos leyes locales sobre sus deudas y paga a los acreedores con los que acuerde para el 29/02.
La orden se produjo a petición de Argentina, según la resolución de Griesa, según informó la agencia de noticias Reuters.
El Gobierno de Mauricio Macri la derogación de las leyes "cerrojo" y de pago soberano, hoy un obstáculo legal para habilitar aprobación de una nueva propuesta de pago a los holdouts. La ley cerrojo fue sancionada en 2013 e impide la aprobación de la oferta que presentó la Argentina a los fondos especulativos, con una quita del 25% sobre el total de 9.000 millones de dólares.
Argentina, desde fines de julio de 2014, está incumpliendo los pagos de títulos públicos con legislación extranjera emitidos tras los canjes de 2005 y 2010, alcanzados por una medida del juez Griesa que los hace pasibles de embargo en tanto no cancele la deuda con los holdouts, en cumplimiento de la cláusula "pari passu", que da igualdad de derechos en los contratos financieros.
La larga batalla legal de Argentina con fondos de cobertura parece estar llegando a su fin. El presidente Macri, ofreció la semana pasada pagar US$ 6.500 millones a los acreedores "holdouts" que se habían rehusado a formar parte en las rondas de reestructuración de 2005 y 2010.
Los mayores acreedores "holdouts", Elliott Management y Aurelius Capital Management, podrían presionar para buscar mejores términos, pero algunos de los fondos ya aceptaron el acuerdo. Macri también llegó a un entendimiento con un grupo de acreedores italianos por US$1.350 millones.